El presidente de España, Pedro Sánchez, autorizó la entrega de casi 2 millones de euros en subsidios públicos a una ONG islámica, la Comisión Islámica de España. Esa organización, dirigida por Mohamad Aidman Adbli, fue señalada en investigaciones por tener vínculos con grupos yihadistas en Siria, aunque un juez de la Audiencia Nacional archivó una causa por falta de pruebas suficientes.
Los fondos comenzaron a recibirse desde 2021 por orden del ministro del Interior, y se destinaron a entidades como el Consejo de Socorro de Damasco Rural y la ONG Al Bashaer, que según informes policiales y de Europol tenían conexiones con milicias vinculadas a Al Qaeda y los Hermanos Musulmanes. A pesar de la controversia y las denuncias sobre el uso de esos recursos, los imputados consiguieron quedar exonerados en la causa.
La publicación critica la decisión del Gobierno español por vincular dinero público con una organización asociada a redes islamistas en medio de un contexto político ya cargado por otros escándalos y debates sobre seguridad y migración.
