La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada del jueves 9 de abril de 2026 la reforma de la Ley de Glaciares, en una sesión extensa y atravesada por un fuerte debate político y ambiental. El proyecto impulsado por el oficialismo consiguió 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, sectores de la UCR y distintos bloques provinciales y federales. El cambio introduce una modificación de fondo en el esquema de protección vigente desde 2010 y redefine qué zonas deberán quedar bajo resguardo ambiental.
Uno de los puntos centrales de la nueva norma es que la protección ya no alcanzará de manera amplia a todos los ambientes periglaciares, sino únicamente a aquellos sectores cuya función hídrica pueda ser comprobada. Además, la reforma otorga un rol más fuerte a las provincias, que pasarán a tener mayor peso en la determinación de qué áreas deben ser preservadas y cuáles podrían habilitar actividades productivas. Según el Gobierno, el objetivo es dar “precisión científica” a la norma y destrabar inversiones mineras en terrenos que, a su criterio, habían sido incorporados de manera excesiva al área protegida.
El nuevo texto también mantiene herramientas de control, como la exigencia de evaluaciones de impacto ambiental, y dispone que el Inventario Nacional de Glaciares sea actualizado cada cinco años con participación de las provincias. A la vez, la reforma habilita actividades mineras y de hidrocarburos en sectores antes restringidos, siempre que no afecten zonas consideradas claves para la provisión y regulación del agua. El proyecto despertó cuestionamientos de sectores opositores y ambientalistas, que advierten sobre una posible flexibilización de la protección de reservas estratégicas de agua dulce.
